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Declaraciòn del Arzobispo Carlo Maria Viganò

sobre la escandalosa persecución contra las monjas del Carmelo de la Santísima Trinidad de Arlington, en Texas

Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan
y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
Alegráos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos;
pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros

Mt 5, 11-12

Introducción

Si hay algo que le llena a uno de indignación, en el ataque de la Jerarquía Modernista contra las instituciones más venerables y sagradas de la Iglesia Católica, es ver cómo situaciones aparentemente diferentes se gestionan sobre la base de un mismo guión y, significativamente, en perfecta coherencia con una impostación pseudoteológica y pseudomoral que contradice el Magisterio inmutable de la Iglesia Católica. El problema de esta jerarquía es que constituye al mismo tiempo la autoridad oficial y la quinta columna del enemigo, de modo que actúa con los medios que el poder eclesiástico le permite utilizar, pero con la finalidad contraria a aquélla para la que el Señor la ha instituido. La Iglesia profunda desarrolla en la Iglesia el rol subversivo que el Estado profundo cumple en los gobiernos civiles. Esta situación de disociación institucional hace posible por un lado la usurpación de la autoridad por parte de un poder corrupto y corruptor, y por otro lado hace imposible e inútil acudir a esa misma autoridad en busca de justicia; sobre todo cuando las violaciones más aberrantes se cometen con el aval explícito de la autoridad suprema.

He examinado atentamente la situación del Carmelo de la Santísima Trinidad en Arlington, Texas. Este Carmelo sui juris -es decir, colocado directamente bajo la jurisdicción de la Sede Apostólica y no bajo la autoridad del Ordinario- ha sido objeto de una acción digna de los peores regímenes anticlericales y masónicos más que de los Sucesores de los Apóstoles. Pero antes de abordar las cuestiones relativas a las Monjas Carmelitas de Arlington, me gustaría referirme al Obispo de la Diócesis de Fort Worth, donde se encuentra el Carmelo.

¿quién es monseñor Michael F. Olson?

El obispo Olson es bien conocido por el clero y por los fieles por sus maneras autoritarias y despóticas: en resumen, un Bergoglio en versión decimosexta. Hacia él, la comunidad católica de Fort Worth alberga lo que el Código de Derecho Canónico de 1917, en el caso de los párrocos que caen mal a los fieles, denominaba icasticamente odium plebis, una institución que el Nuevo Código ha abolido. Se inició una petición en la que los fieles de la diócesis solicitaron a la Santa Sede la destitución de Olson y el envío de una Visita Apostólica, adjuntando una larga lista de graves comportamientos y abusos (aquí). Es inútil decir que el Vaticano no ha dado ninguna respuesta a las protestas de los fieles, ni ha considerado oportuno investigar los hechos controvertidos, considerando más urgente someter a una Visita Apostólica a uno de los poquísimos Prelados católicos estadounidenses, monseñor Joseph Eduard Strickland, obispo de Tyler en Texas (aquí), gracias al control que el cardenal Blase Cupich (protegido de McCarrick) ejerce sobre la Congregación para los Obispos.

Es bien conocida la aversión de monseñor Olson a la Tradición, desde que en 2014 prohibió las celebraciones en el rito antiguo en el College of Saints John Fisher & Thomas More (aquí), un instituto universitario privado que cuenta con casi 1.500 estudiantes de familias conservadoras, que matriculan a sus hijos en este ateneo, precisamente porque les garantiza una educación católica tradicional y la Misa antigua. Olson no sólo violó las disposiciones de Summorum Pontificum, sino que también amenazó con que, en caso de desobediencia, ordenaría retirar el Santísimo Sacramento de la capilla de la universidad. Obviamente, si el Fisher & More College hubiera celebrado misas LGBTQ o hubiera animado a sus alumnos a la transición de género habría recibido una respuesta muy diferente del obispo de Fort Worth. Análogas limitaciones se han impuesto también, en los últimos años, al Carmelo de Arlington, especialmente después de que Traditionis Custodes anulara los derechos litúrgicos reconocidos por Benedicto XVI.

Monseñor Olson ni siquiera oculta su propia antipatía visceral por los movimientos provida, a los que obstaculiza en sus actividades y a menudo ha intentado expulsar de las comunidades parroquiales, en particular el movimiento Texas Right to Life. En cambio, ha autorizado el mitin electoral de un candidato demócrata abortista en el espacio de otra parroquia y no ha dejado de apoyar públicamente al Partido Demócrata (aquí y aquí). Olson también ha teorizado como razón suficiente para suspender el tratamiento de una persona enferma y dejarla morir la valoración de su calidad de vida (aquí), contradiciendo al Magisterio y al Derecho Natural.

Monseñor Olson es una creación del cardenal Kevin J. Farrell -en la línea hereditaria de McCarrick junto con Wuerl, Cupich, Gregory y Tobin. Fue promovido por aquél a la diócesis de Fort Worth y se muestra en perfecta sintonía con los errores doctrinales, morales, disciplinarios y litúrgicos del progresismo bergogliano imperante: lo suyo no es obediencia al poder, sino la libido serviendi cortesana. La índole tiránica de este obispo propenso al lenguaje soez -y a lo que los fieles denuncian, también a la blasfemia- ya se puso de manifiesto en 2018, cuando el párroco de San Martín de Porres en Prosper, el padre Richard Kirkham, luego de inútiles intentos de corregir fraternalmente a un sacerdote que tenía graves problemas morales (aquí), denunció a su cohermano ante Olson, razón por la cual fue sometido a tratamiento psiquiátrico en el Instituto San Lucas (aquí). Y mientras que el sacerdote escandaloso no sufrió ningún castigo, el padre Kirkham fue depuesto de su cargo de párroco, apartado de la rectoría y suspendido a divinis. Como consecuencia de ello, los feligreses dejaron de dar ofrendas a la diócesis y también exigieron la devolución de los fondos ya pagados para la construcción de la iglesia, el oratorio y la escuela católica. En 2019, la Congregación para el Clero anuló la suspensión impuesta por Olson al padre Kirkham por considerarla ilegal e ilegítima, pero no ordenó su reincorporación.

Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes

Partamos, pues, de la premisa de que la acción disciplinaria por parte de la Santa Sede o de los obispos se dirige principalmente contra los individuos y las comunidades que no están dispuestos a renegar de la Fe o a quebrantar los votos religiosos para complacer el nuevo rumbo bergogliano. Los escándalos sexuales y financieros más truculentos, la adhesión a las herejías más escandalosas, la promoción del pecado y del vicio contra natura son nimiedades insignificantes que no merecen comisarías, visitas apostólicas, interrogatorios, investigaciones: son la norma en la mayoría de las comunidades más conocidas y apreciadas por el tribunal de Santa Marta, como demuestra el reciente caso del jesuita Rupnik. Pero son suficientes un Kyrie o un puñado para que se mueva la tremenda maquinaria de guerra vaticana contra el sacerdote que no da la Comunión en la mano o contra el monasterio que pide la celebración del Rito Antiguo. Y cuando las responsables de estos terribles delitos de leso Concilio son las monjas, quienes maniobran esta maquinaria se revelan en términos aún más abyectos, porque combinan la vergüenza de un prelado que acosa a una fiel con la cobardía de un hombre que descarga sus frustraciones sobre una mujer -consagrada a Cristo- sometida a su autoridad, real o presunta. Por otra parte, ¿por qué quien no tiene escrúpulos en ofender a la Majestad divina ha de tenerlos en perseguir a personas que no tienen ni los medios, ni la fuerza física, ni las relaciones sociales y políticas para oponerse a sus abusos?

No constituye una excepción el reciente caso del Carmelo de la Santísima Trinidad de Arlington, en Texas, una comunidad femenina que en los últimos años ha descubierto la Misa tridentina y, más recientemente, ha expresado también el deseo de retomar el Breviario tradicional en lugar de la Liturgia de las Horas conciliar. Esta elección de las Carmelitas, totalmente legítima y aprobada colegialmente, tiene entre otras cosas la indudable ventaja de un uso más amplio del tesoro de las fuentes bíblicas y patrísticas, permitiendo a las religiosas apreciar la coherencia entre los textos de la Misa y los del Oficio Divino.

Cor orans e Vultum Dei quærere [Un corazón en oración y buscar el rostro de Dios]

Sin embargo, es necesario plantear una premisa para enmarcar estos hechos en el proyecto subversivo más amplio de Cor Orans, la Instrucción para la aplicación de la Constitución Apostólica Vultum Dei quærere con la que Bergoglio ha revolucionado y desvirtuado literalmente la vida contemplativa femenina y ha instituido verdaderas formas de “reeducación” a las que se ven obligadas las mujeres de clausura que quieren permanecer fieles a la Regla y a los votos religiosos. Cor Orans obliga a las comunidades a federarse con otros conventos o monasterios de la misma Congregación, oficialmente con el fin de prestar ayuda a las pequeñas entidades que ya no son autosuficientes, pero de facto con la intención no declarada de “normalizar” las comunidades contemplativas, derrocando el gobierno de las Superioras legítimamente elegidas y apropiándose de sus bienes. Y si los monasterios masculinos, al tener sacerdotes a su disposición, pueden de algún modo sustraerse al chantaje de verse privados de la Misa, no ocurre lo mismo con los monasterios femeninos, los cuales dependen del Ordinario del lugar para la administración de los Sacramentos y, por tanto, pueden encontrarse sin celebraciones, con grave perjuicio espiritual para las monjas. La Instrucción Cor Orans y la Constitución Vultum Dei quærere constituyen así la base normativa con la que la autoridad eclesiástica abusa de su poder para desmantelar lo que queda de Vida Contemplativa después de las ya devastadoras experiencias del Vaticano II y la desastrosa disminución de las vocaciones religiosas.

El Vaticano ha creado de este modo un instrumento legislativo que permite al Dicasterio para los Institutos Religiosos acabar con la gobernabilidad de una comunidad monástica, sustituyéndola con sus propios emisarios. Evidentemente, allí donde no subsisten elementos que puedan justificar de alguna manera estas interferencias, el Dicasterio o sus emisarios recurren a acusaciones inventadas, a la falsificación de pruebas y a medios de intimidación totalmente ilegítimos. Por supuesto, nunca oiremos al prefecto Braz de Aviz o al secretario Rodríguez Carballo admitir que su acción purgadora está motivada por el odio a la Tradición y por el deseo de reeducar a los disidentes por la fuerza o con presiones psicológicas. Por el contrario, las razones oficiales se refieren siempre a cuestiones morales o económicas, lanzadas a los medios de comunicación sin ningún respeto por la verdad, por el secreto de sumario o por las personas involucradas. El caso Arlington no es una excepción, tanto por la enormidad de las acusaciones lanzadas contra la Priora como por el cúmulo de abusos y violaciones que caracterizan todo el procedimiento iniciado por monseñor Olson.

Los elementos recurrentes de esta persecución sistemática de las comunidades contemplativas son evidentes precisamente por la repetición arrogante del mismo esquema: intimidación, chantaje, acusaciones genéricas y sin fundamento, difusión de noticias falsas, utilización de testimonios inventados, aval de los abusos por parte del Dicasterio Romano, colaboración de los Ordinarios y de las Federaciones de Órdenes Religiosas.

Al mismo tiempo, se observará que las realidades monásticas a las que se apunta a menudo poseen propiedades de considerable valor inmobiliario, como para despertar las miradas de clérigos sin escrúpulos interesados en apropiárselas con fines lucrativos o para obtener a cambio un ascenso. La persecución de los buenos y la tolerancia -cuando no el fomento descarado- de los malos son las señas de identidad de este “pontificado”, que une los rasgos despóticos de un monarca absoluto con el engaño jesuítico de una reforma “sinodal” de la Iglesia, cuya jerarquía se declara dispuesta a “ponerse en actitud de escucha” y de “cuestionamiento”. «¿Cómo podemos crear espacios en los que aquellos que se sienten heridos por la Iglesia y rechazados por la comunidad puedan sentirse reconocidos, acogidos, no juzgados y libres para hacer preguntas?», se pregunta el Instrumentum laboris (B 1.2, pregunta 6). Descubrimos que la inclusividad sinodal vale para los sodomitas, concubinos y polígamos, pero no para los católicos, y menos aún a los sacerdotes y religiosos tradicionales, la única categoría merecedora de los insultos y la intolerancia más despiadada de Bergoglio. Me pregunto: antes de incluir a los impenitentes que con su conducta violan públicamente los Mandamientos de Dios, ¿por qué estos personajes se ensañan con los pocos católicos que permanecen fieles? ¿Quizás porque estos prelados son de la misma calaña que los pecadores públicos que blasfeman adulterando la Fe y la Moral?

Las vicisitudes del Carmelo de la Santísima Trinidad

Llegamos a las vicisitudes de las Carmelitas de Arlington, que comenzó el 24 de abril de este año con una llamada telefónica de monseñor Olson, en la que anunciaba a la Priora, la Madre Teresa Agnes di Gesù Crocifisso, que la visitaría en media hora, para conversar con ella y con su asistente, la Hermana Francis Therese, sobre un asunto de máxima gravedad.

Como mencioné poco antes, el Carmelo de la Santísima Trinidad, fundado en 1958, es sui juris, es decir, está sujeto a la jurisdicción directa de la Santa Sede, y como tal está exento de cualquier control de la Orden Carmelita y del Ordinario diocesano. Desde el punto de vista jurídico, el edificio y sus dependencias son propiedad plena de la Orden Carmelita, cuya representante legal pro tempore es la Madre Priora, la única que puede autorizar la entrada de personas ajenas al Carmelo. También hay que recordar que la Priora -43 años de edad, de los cuales 25 como carmelita- padece una grave enfermedad que le obliga a alimentarse por medio de una sonda gástrica, y que esta dolencia invalidante y dolorosa, además de mantener a menudo a la Madre Teresa Agnes en silla de ruedas, requiere hospitalizaciones periódicas ambulatorias y el uso de fármacos para aliviar los síntomas y reducir las complicaciones.

A continuación, el obispo llega al Carmelo con el canciller monseñor E. James Hart y con Sandra Schrader-Farry, directora del programa “Safe Environment”, la oficina de la Curia “dedicada a garantizar una cultura de conducta segura y respetuosa en todos los ministerios de la diócesis católica de Fort Worth, mejorando y protegiendo la dignidad y la confianza de todo el pueblo de Dios”. También aparece una cuarta persona, que no da nombre ni título y de la que más tarde se sabrá que es un técnico forense. A continuación, el Obispo lee dos de sus Decretos, fechados el 24 de abril de 2023.

El primero es el Decreto de Inicio de las Investigaciones (correspondiente a un Aviso de Garantía), en el que se hace la acusación de que la Madre Priora ha violado el voto de castidad al transgredir el Sexto Mandamiento con un hombre adulto, remitiendo al Canon 695 § 1 del Código de Derecho Canónico; también se designa a la persona encargada de la investigación, Sandra Schrader-Farry, y al notario, en la persona del Canciller, monseñor E. James Hart. El primer Decreto ordena que la investigación se lleve a cabo con la debida confidencialidad y con cuidado de no dañar la reputación de nadie, incluida la acusada.

El segundo es el Decreto por el que monseñor Olson, basándose en el primero, dispone la destitución de la Madre Teresa Agnes, formulando una serie de órdenes y prohibiciones que son, cuando menos, desproporcionadas en relación con las precauciones que deberían tomarse en caso de una investigación para comprobar la veracidad de las alegaciones del primer Decreto: Reclusión en las dependencias de invitados del Carmelo; asistencia a coro sin sentarse en la silla prioral; prohibición de hablar con las novicias; prohibición de realizar llamadas telefónicas y utilizar el ordenador sin permiso de la Subpriora y registro de la fecha, hora, destinatario y contenido; prohibición de salir del Monasterio sin permiso de la Subpriora, con obligación de ser acompañada; prohibición de hablar con el presunto cómplice del delito; obligación de entregar el teléfono móvil, el iPad y el ordenador para análisis forenses. A esto se añaden dos advertencias canónicas: no interferir con la administradora del Monasterio que sustituye a la Priora; no realizar ninguna actividad que pueda constituir una falta de prudencia o ser un escándalo para los fieles. El Decreto concluye con la advertencia de sanciones en caso de violación y la indicación de la posibilidad de recurso (cann. 1734-1739 del Código de Derecho Canónico). Este segundo Decreto se promulga esencialmente según las intenciones del Obispo, para hacer imposible su cumplimiento: cualquier intento de defenderse -incluso simplemente consultando con un abogado o enfrentándose a un canonista- cae bajo las disposiciones de la segunda advertencia canónica, ya que la valoración se la atribuye el Obispo a sí mismo en términos completamente arbitrarios. “La suspensión será reevaluada, renovada, revisada o revocada ad nutum episcopi”, es decir, a discreción del Obispo.

En realidad, de las declaraciones del abogado de la Madre Priora, Matthew Bobo, surgió que la supuesta confesión de la Madre Priora le fue arrancada por Olson mediante amenazas e intimidación, quien sólo en ese momento complementó la acusación inicial con el agravante de que el cómplice había sido, supuestamente, un sacerdote de otra diócesis. Pero si la acusación era realmente tan grave y circunstanciada como para justificar este trato inquisitorial a la monja, ¿por qué motivo Olson tuvo tanta cautela en proteger al presunto cómplice, que era tanto más culpable cuanto que era sacerdote y, como tal, también merecedor de la destitución del estado clerical?

A esta desconcertante acusación siguieron los dos interrogatorios de la Priora y de la Hermana Francis Therese, realizados de forma totalmente irregular y sin un abogado que las asistiera. De hecho, lo que resulta desconcertante es la recusación de un abogado canónico nombrado por la Priora, con pretextos irrisorios, y el nombramiento simultáneo por parte de Olson de otro abogado canónico, Michael Podhajsky, como abogado de oficio.

Olson ordena a la Priora que permanezca confinada en su celda y en la enfermería, prohibiéndole comunicarse con las hermanas y utilizar el teléfono. Para ello, la cuarta persona que acudió con el obispo viola la Clausura papal y se incauta de todos los dispositivos electrónicos (teléfonos, iPads, ordenadores) sin orden judicial alguna (tampoco hay constancia de que la jurisdicción eclesiástica prevea la confiscación de equipos informáticos sin violar las garantías constitucionales de la investigada). Las monjas describen la irrupción en el Carmelo y los interrogatorios del Obispo como “aterradores”, confirmando que las presiones psicológicas ejercidas sobre ellas las conmocionaron literalmente más allá de las palabras. Los insultos, las amenazas y la presión intimidatoria sobre la Priora, quien acababa de regresar de una intervención quirúrgica sin éxito unos días antes, para la que se le había administrado anestesia total y que debía repetirse al día siguiente del primer interrogatorio, fueron percibidos como una auténtica tortura. El abogado de la monja, a este respecto, confirma que su estado de postración física y psicológica inducido por la reciente operación, junto con las presiones y amenazas de Olson, pudieron llevar a la Madre Teresa Agnes a admitir cualquier cosa, para poner fin a la tortura, como habría hecho cualquiera en su lugar (aquí).

Al día siguiente, 25 de abril, el obispo Olson vuelve al Carmelo para interrogar a otras monjas, revelándoles las acusaciones hechas contra la Priora y sembrando el pánico en la Comunidad. La Subpriora, Sor Joseph Marie, rechaza respetuosamente la intención del obispo, precisando que las monjas sólo responderían a las preguntas después de haber recibido una indicación por escrito del objeto de la investigación. En ese punto, en un arrebato, Olson amenaza a las monjas con expulsarlas del Carmelo si no obedecen sus órdenes, anunciando que la investigación podía darse por concluida, el Monasterio sería suprimido y la celebración de la Misa debía considerarse suspendida. De hecho, del 27 de abril al 7 de junio la Misa diaria fue cancelada, con la única excepción de los días de precepto, pero obviamente con el Novus Ordo. Incluso se hace que el celebrante designado por el obispo vaya acompañado por un guardia, como si pudiera estar en riesgo su propia seguridad; también se le prohíbe hablar con las monjas, entrar en la sacristía y pronunciar la homilía. Podemos imaginarnos el estado de ánimo de la Madre Teresa Agnes y de sus hermanas, privadas de la Misa y de los sacramentos como si estuvieran bajo interdicto canónico.

Por el testimonio directo de la Hermana Francis Therese me enteré de que el obispo, al parecer, estaba en conocimiento de los mensajes que la Superiora les había enviado desde un nuevo teléfono móvil: ¿cómo pudo enterarse de esto, sin disponer de sistemas de interceptación? ¿Y quién autorizó estas interceptaciones, ya que el Ordinario no tiene autoridad sobre el Carmelo? ¿Por qué motivos se confiscaron el teléfono, el iPad y el ordenador de la Madre Priora?

El 15 de mayo monseñor Olson envió una comunicación a todo el clero diocesano en la que difundió las infamantes acusaciones contra la Madre Teresa Agnes, sin aportar ninguna prueba, y prohibía a cualquier sacerdote celebrar Misa en el Carmelo y visitar o comunicarse de cualquier modo con las carmelitas.

El 16 de mayo se publicó un comunicado en el sitio web diocesano (aquí) en el que se repetían las acusaciones contra la Madre Priora, y el 31 de mayo se anunció que había sido exclaustrada del Carmelo, incluso antes de que hubiera concluido todo el procedimiento canónico. El 11 de junio siguiente, monseñor Olson publicó un vídeo de contenido similar en el mismo sitio (aquí). Esta reiterada operación difamatoria -puesta al alcance de todos, luego de su publicación en Internet y el clamor mediático suscitado por la noticia- se llevó a cabo maliciosamente y en la más vergonzosa violación de las garantías procesales. La Madre Teresa Agnes fue escuchada una sola vez, el 24 de abril, en una situación de extrema debilidad física, sin posibilidad de defenderse, sin permitirle disponer de un abogado y sin levantar acta del interrogatorio y entregar una copia de la misma a la Priora, junto con la transcripción de la grabación de audio, con el resultado cruelmente infligido a la Madre Teresa Inés y a la Hermana Francis Therese. Y lo que escandaliza más todavía es la crueldad absoluta de exponer a la Priora de un convento carmelita, una monja, una mujer gravemente enferma, a la picota mediática, destruyendo su reputación sin ni siquiera llevar a cabo un juicio justo para verificar imparcialmente la validez de las acusaciones y la fiabilidad de los testigos. Lo que los medios de comunicación denominan “fuentes internas del monasterio” no atestiguan las acusaciones formuladas por Olson, sino que afirman que la Madre Teresa Agnes consume marihuana e incluso viajó a Colorado para obtenerla, aunque al mismo tiempo admiten que nunca la han visto consumir drogas personalmente. En un vídeo de la emisora local WFAA (aquí) tres de estos testigos, a pesar de estar irreconocibles y con la voz alterada, parecen ser personas con agravios previos rencorosos contra el Carmelo, y por tanto completamente poco fiables. A pesar de ello, la curia de Fort Worth les animó a hacer declaraciones a la emisora.

Mientras tanto, el obispo sembraba el terror entre las hermanas, amenazándolas con la exclaustración si no obedecían todas sus órdenes, incluida la dada a la Subpriora, Sor Joseph Marie, de llevar un registro escrito de todas las llamadas, visitas al médico y otras actividades de la Madre Priora y de su ayudante Sor Francis Therese, que estaban obligadas en esto a pedirle permiso explícito para todo. Una petición absurda y poco práctica para la vida normal de una comunidad monástica.

La causa civil

Frente a las reiteradas violaciones de las más elementales normas de justicia, de verdad y de sus condiciones de salud, la Priora denunció en sede civil a monseñor Olson por la irrupción no autorizada en el Carmelo (aquí) y la difamación de que fue objeto, mientras se dispone a recurrir el Decreto del Dicasterio para los Religiosos a través de un abogado canonista.

La primera audiencia penal en el tribunal, prevista para el 23 de junio, fue aplazada debido a la petición de la diócesis de presentar más pruebas y de reivindicar la competencia del Foro Eclesiástico (aquí y aquí). Pero esta pretensión -que evoca el espectro del clericalismo tan verbalmente aborrecido por Bergoglio- se contradice con el hecho de que el propio Olson abusó de su poder al proceder arbitrariamente contra la Madre Priora incluso antes de que el Dicasterio para los Religiosos decidiera -de manera totalmente perjudicial para la monja implicada- nombrarle un Comisario; y que con este abuso haya infringido las leyes civiles de Texas y los derechos constitucionales de la Madre Teresa Agnes y del Carmelo, que la autoridad eclesiástica está obligada a respetar.

El Decreto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consacraga y las Sociedades de Vida apostólica

El 31 de mayo de 2023, es decir, sólo poco más de un mes después de la primera irrupción en el monasterio carmelita -acontecida el 24 de abril anterior-, el Dicasterio para los Religiosos emitió el Decreto por el que se nombraba comisario pontificio a monseñor Michael F. Olson (aquí), con un protocolo anómalo (2566/2020) y con la mención errónea del nombre del Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas de Arlington: es entonces a este Monasterio inexistente al que se atribuye la competencia comisarial a monseñor Olson. Como vemos, los mismos errores se cometieron en el caso de las Benedictinas de Pienza, por parte del mismo Dicasterio y de los mismos conspiradores: en primer lugar, el Secretario monseñor José Rodríguez Carballo, quien dirigiéndose el 21 de noviembre de 2018 a monjas de clausura en una conferencia vaticana sobre Cor Orans las exhortó con raro y sacríleg descaro a comportarse “como adultas, y no como adúlteras” (aquí), añadiendo un consejo que evidentemente no se daba cuenta de hasta qué punto era aplicable a sí mismo y a sus mandantes:

¡No se dejen manipular! Sean ustedes las que deben dirigir sus vidas, como mujeres adultas. No una, sino tres rejas son necesarias para separarlas de esas personas que las quieren manipular, aunque sean obispos, cardenales, frailes u otras personas. Sean ustedes las que tengan que discernir, porque hay personas que les están haciendo mucho mal. Porque proyectan en ustedes las ideas que ellas tienen.

Habría que subrayar que el Decreto fue promulgado el 31 de mayo, cuando el caso del Carmelo de Arlington ya era de dominio público, y en ausencia de nombramientos previos que legitimaran -aunque fuera como mera formalidad cronológica- los abusos de monseñor Olson. La Santa Sede prácticamente remedió ex post facto la situación que Olson había creado con un abuso de poder, y al mismo tiempo designó como representante papal en una acción de inspección a quien debía juzgar, en el rol de Comisario, sus propias actuaciones como obispo interfiriendo gravemente en la jurisdicción de un Monasterio sui juris.

También en este caso, como en el de las monjas benedictinas de Pienza, el documento vaticano menciona una genérica “situación particular del Monasterio”, sin explicar las razones que determinaron la promulgación del propio Decreto y la decisión de nombrar un Comisario.

Destaco que el Decreto del Comisario Pontificio (aquí) está datado el 1 de junio de 2023, es decir, el día posterior al nombramiento del Comisario. El tiempo transcurrido entre el nombramiento, la investigación, el interrogatorio de los testigos, el interrogatorio de la sospechada, la redacción del informe final y el Decreto de Exclaustración debería dejar claro que el juicio ya estaba preparado y la horca ya estaba montada incluso antes del interrogatorio fraudulento y amenazador de la Madre Teresa Agnes, sin garantizarle ni su derecho a la defensa ni la imparcialidad del juez. ¿A esto se refiere Carballo en el Decreto que ha firmado, cuando habla de los “actos administrativos y legales ya realizados por el propio Obispo”, que el Dicasterio pretende subsanar a posteriori?

En el primer decreto de Olson del 24 de abril de 2023 -el aviso de investigación por parte del Ordinario- se menciona el canon 695 del Código de Derecho Canónico, que prevé la expulsión del estado clerical de los clérigos culpables de determinados delitos, entre ellos los pecados contra el sexto mandamiento del Decálogo cometidos por clérigos, públicamente o por la fuerza. Pero la Madre Teresa Agnes no es un clérigo, sino una monja. Por eso me pregunto: ¿por cuál motivo la Santa Sede quiso ratificar los “actos administrativos y legales” de un obispo diocesano, que el propio Bergoglio redefinió con el Motu Proprio Competentias quasdam decernere del 11 de febrero de 2022, apartando al Ordinario del juicio a una monja de un monasterio sui juris? ¿Y por qué hacerlo cuando los dos Decretos de Olson del 24 de abril eran claramente ilegítimos y nulos -en la medida en que excedían la jurisdicción del Ordinario sobre un Monasterio sui juris-, además de estar suspendidos por el recurso pendiente presentado el 4 de mayo por la Madre Priora al Obispo?

El § 2 del canon 695 dice: “En esos casos, el Superior mayor, después de recoger las pruebas sobre los hechos y su imputabilidad, presentará al miembro la acusación y las pruebas, dándole la posibilidad de defenderse. Se enviarán al Superior general todas las actas firmadas por el Superior mayor y por el notario, así como también las respuestas escritas del miembro y firmadas por él mismo. Como bien señaló el abogado de las religiosas, Olson no aportó ni la acusación ni las pruebas, ni dio a la Priora la oportunidad de defenderse, ni redactó un informe para hacerlo firmar. Por el contrario, le impuso una serie de medidas restrictivas y de prohibiciones que parecen constituir más un castigo anticipado por los presuntos delitos que un medio de protección prudente de la investigación. De hecho, podría decirse que con esas prohibiciones Olson casi quiso evitar el tener que aportar pruebas de las infames acusaciones, procediendo a exclaustrar a la Madre Teresa Agnes a causa de su desobediencia a esas prohibiciones, y no por su culpabilidad real. La costumbre de utilizar estos medios tan cobardes y deshonestos para conseguir los propios fines queda demostrada por la habilidad mefistofélica con la que Olson dosificó amenazas, intimidaciones, la presión psicológica y el chantaje en flagrante violación del Derecho y del deber de verdad y justicia. En este contexto, incluso la desvergonzada violación por parte del Obispo de los deberes de confidencialidad justo después de haber informado a la Madre Priora, en el primer Decreto, de que las investigaciones deberían haber evitado escrupulosamente dañar su reputación, suena como una afirmación de arrogante impunidad, que se ve confirmada por la indecorosa sanatio del Decreto del Dicasterio para los Religiosos

¿Con qué falta de escrúpulos pudo Carballo nombrar Comisario al mismo que, después de abusar de su poder contra el padre Richard Kirkham en 2018 y de haber sido desautorizado en 2019 por la Congregación para el Clero; después de haber destituido y suspendido a numerosos párrocos y sacerdotes para escándalo de los fieles, hasta el punto de que se impulsó una petición para destituirlo, se había comprometido además con violaciones canónicas contra el Carmelo de la Santísima Trinidad y contra la Madre Teresa Agnes, convirtiéndose así en parte en el caso y perdiendo toda apariencia de imparcialidad necesaria para el ejercicio de una tarea tan delicada como la de Comisario Pontificio? Tenemos aquí una plástica representación de la arrogancia con la que el poder de los corruptos alardea de sus abusos, pretendiendo incluso ser capaz de doblegar la ley -¡y la Justicia! – a sus propios designios criminales.

Va de suyo que los errores garrafales del Decreto vaticano lo hacen nulo ipso facto. ¡Incluso se refiere a un Monasterio de San José inexistente! ¡Es a este monasterio fantasma al que el Dicasterio atribuye la competencia del Comisario Olson! En este tristísmo asunto surge también la complicidad entre los mandantes Braz de Aviz y Carballo, y sus asesinos en las diócesis; junto con la evidencia de un diseño criminal llevado a cabo según un esquema preciso, con objetivos subversivos muy claros.

La intervención de la presidente de la Asociación Carmelita

Al difundirse la noticia de la inclusión de monseñor Olson en el registro de los investigados, interviene rápidamente la Madre Marie de la Encarnación O.C.D., presidenta de la Asociación Carmelita Cristo Rey. En una carta en la que se dirige a la Priora con su nombre secular, la Madre Marie intenta inducirla a ella y a la Hermana Francis Therese a aceptar supinamente las decisiones tomadas por el obispo y por la Santa Sede y a retirar la denuncia presentada ante el tribunal civil, en nombre de un concepto distorsionado de obediencia y de remisión a la voluntad de Dios. Destaco que este recurso a la Santa Obediencia se aplica siempre y únicamente a clérigos, religiosos y fieles tradicionales, mientras que se disuelve mágicamente cuando se trata de herejes, fornicarios o pecadores públicos progresistas. Un ejemplo de ello es el último Instrumentum laboris del Sínodo sobre la Sinodalidad, que invita a recibir a todos, excepto a los católicos que no comparten la apostasía de la secta bergogliana. Pero como enseña la Sagrada Escritura, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5, 29), sobre todo cuando los hombres se escudan en la autoridad de Dios para socavar los cimientos de la Iglesia que Él ha fundado al precio de Su Sangre.

Dos pesos y dos medidas

¿Qué se puede esperar, pues, de un obispo totalmente orgánico al sistema, sino la repetición de un guión ya probado? Por otra parte, si la puesta en escena es la misma, podemos comprender desde los primeros compases que en el caso de Arlington asistimos a una nueva escenificación teatral de la misma farsa del dúo Braz de Aviz-Rodríguez Carballo, esta vez con la participación de Olson en el rol de moralizador destemplado de las costumbres degeneradas de una Priora sacrílega. Quien, en la grotesca y apresuradamente montada trama, según una primera declaración, se habría entregado reiteradamente a viles tratos con un sacerdote ficticio de otra diócesis, y también se habría dedicado a consumir cannabis. Estas gravísimas acusaciones causaron un gran dolor a las monjas y escándalo a los católicos de Fort Worth, si no fuera porque el estado de salud de la monja no le permite materialmente llevar a cabo ninguno de los pecados de los que Olson tuvo la perversa cobardía de acusarla, obviamente sin pruebas y violando toda la legislación penal, civil y canónica. 

La forma en que se han propagado estas acusaciones escabrosas, sin ningún respeto por las personas implicadas, no concuerda con la indulgencia no desinteresada reservada a otros casos de una gravedad sin precedentes, sin olvidar el del jesuita Rupnik, a quien la Compañía de Jesús ha expulsado sin imponerle ninguna sanción canónica proporcional a los delitos cometidos. Peor aún: la Excomunión que le había infligido la Congregación para la Doctrina de la Fe por sacrilegio y por haber absuelto en confesión a una cómplice en un delito contra el sexto Mandamiento, le fue retirada por intervención directa de Bergoglio. Por no hablar de los escándalos de McCarrick y de su corte, todos prontamente encubiertos, empezando por su proceso que, por decisión soberana, pasó a ser cosa juzgada sin debate, sin examen de testigos, con total desprecio de las víctimas. Y si queremos quedarnos en Fort Worth, el caso del padre Richard Kirkham demuestra un ensañamiento contra un inocente y, viceversa, la mayor tolerancia -y secretismo- hacia un sacerdote adicto al alcohol, las drogas, la pornografía y el sexo.

Habría que recordar que el Carmelo se levanta sobre un suelo muy rico en petróleo: de ahí la verdadera razón de tanto celo censor por parte de Olson o -más probablemente- de sus mandantes. El abogado Bobo declaró recientemente (aquí) que el obispo había pedido anteriormente a las monjas que le facilitaran su lista de benefactores sin éxito, y que la incautación del teléfono móvil, el iPad y el ordenador por parte del técnico forense que acompañó a Olson en la primera redada probablemente tenía como objetivo precisamente posesionarse de esta lista de donantes.

Estas operaciones intimidatorias tienen una doble finalidad: por un lado, alimentar las apetencias de quienes se encargan materialmente de la supresión de una Comunidad tradicional y esperan obtener ventajas personales (lista de donantes o bienes inmuebles) y reconocimiento profesional; por otro lado, proseguir la labor de desmantelamiento de las Órdenes contemplativas femeninas, consideradas una peligrosa guarnición de Gracia que perturba la acción nefasta de los enemigos de la Iglesia. No olvidemos que el diablo es el primer inspirador, tanto de los corruptos que infestan las instituciones públicas como de sus homólogos que ocupan las instituciones eclesiásticas: y el demonio sabe bien lo temible que es la Misa católica de los curas “refractarios” y lo eficaz que es la vida de oración y penitencia de las Enclaustradas.

Conclusión

No es posible juzgar el asunto del Carmelo de Arlington como un hecho en sí mismo, ya que se enmarca en un plan subversivo mucho más amplio, coherente con todo el entramado ideológico del actual “pontificado” y, más en general, con las desviaciones del Concilio Vaticano II, hoy llevadas hasta sus últimas consecuencias. La actuación de monseñor Olson está infectada por precedentes que demuestran su carácter autoritario y sus prejuicios contra la Tradición, así como su obediencia a la línea de los herederos de McCarrick, todavía en funciones y de hecho promovidos a puestos de prestigio y poder. Pero quienes maniobran estas acciones están en Roma, en el Dicasterio para los Religiosos, y no ocultan su intención de destruir todo lo que quedaba en pie en la Iglesia -después de sesenta años de devastación- de la Vida Contemplativa y más en general de la Vida Religiosa. Al mismo tiempo, la labor disolutoria del Vaticano se traslada también al ámbito litúrgico, con la progresiva cancelación de la Misa apostólica y la “reprogramación” de los sacerdotes tradicionales según los dictados de la nueva eclesiología. Por último, para sancionar la apostasía como objetivo de esta secta de herejes y fornicarios, hay que añadir la Declaración de Abu Dhabi y las recientes e inquietantes afirmaciones del Instrumentum laboris, fraudulentamente hecho pasar por fruto de una consulta “a las bases”, cuando no es más que el producto sacrílego de mentes desviadas y almas corruptas.

Por eso exhorto a mis Hermanos, sacerdotes, religiosos y fieles, no sólo a rezar y hacer penitencia para invocar una intervención del Cielo que ponga fin a esta escandalosa traición de la Jerarquía católica, sino también a levantar la voz para que los falsos pastores y mercenarios sean definitivamente alejados de la Iglesia y debidamente castigados por sus crímenes horrendos. Y si entre los sacerdotes que lean este llamamiento mío hubiera algunos que pudieran ponerse a disposición de las Monjas de Arlington para garantizarles asistencia espiritual y celebrarles la Santa Misa según el venerable Rito Tridentino, pienso que con este gesto -que honraría su Sacerdocio- podrían realizar una verdadera obra de Misericordia que el Señor no dejará de recompensar. Es tiempo de actos heroicos, de almas generosas, de espíritus combativos que reaccionen ante la apostasía cada vez más extendida en el cuerpo eclesial.

Considero además que es mucho más necesario suspender toda contribución a la actual estructura eclesiástica, para que los interesados vean en ello una señal inequívoca de disentimiento por parte de los fieles laicos. ¡Ayuden generosamente a las comunidades tradicionales, como la de Arlington o de Pienza, a los sacerdotes y religiosos perseguidos por el régimen bergogliano!

Hago mías las palabras de San Pedro al dirigirme a las Monjas: ¡Resistid, firmes en la fe! Sabiendo que también los demás hermanos cristianos esparcidos por el mundo soportan los mismos sufrimientos (cf. 1Pe 5, 9). Permanezcan unidas a Cristo, vuestro Señor y Esposo, para permanecer unidas entre ustedes en la observancia de la santa Regla carmelitana y siguiendo el surco de la Tradición.

Invito a todos a rezar, para que el Señor dé fuerza, valor y serenidad a la Reverenda Madre Teresa Agnes de Jesús Crucificado y a sus Hermanas del Carmelo de la Santísima Trinidad, para que salga a la luz la verdad de los hechos, y con ella el carácter engañoso de las acusaciones, la malicia de quienes las difunden y la vil hipocresía de quienes encubren culpablemente escándalos vergonzosos, pero no dudan en ensañarse contra las Monjas.

Valgan para ellas las palabras que el Pontifical Romano, en el rito de la consagración de las Vírgenes, dirige a quienes osan perseguirlas:

Con la autoridad de Dios Todopoderoso y de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, prohibimos firmemente y bajo amenaza de excomunión que nadie desvíe a las actuales vírgenes o monjas del servicio divino, al que se han sometido bajo la bandera de la castidad; que nadie se apropie de sus bienes, sino que los posean en tranquilidad. Pero si alguien se atreve a intentar esto, que sea maldito en su casa y fuera de ella, maldito en la ciudad y en el campo, maldito cuando se despierte y cuando duerma, maldito cuando coma y cuando beba, maldito cuando camine y cuando se siente; malditos sean su carne y sus huesos, y que no tenga salud desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Que caiga sobre él la maldición del hombre, que por medio de Moisés, en la Ley, el Señor lanzó a los hijos de la iniquidad. Que su nombre sea borrado del libro de los vivientes, y que no sea unido a los justos. Que su parte de la herencia sea con Caín el fratricida, con Datan y Abirón, con Ananías y Safira, con Simón el mago y Judas el traidor, y con los que dijeron a Dios: “Apártate de nosotros; no queremos la senda de tus caminos”. Que vaya a la perdición el día del Juicio; que el fuego eterno lo devore con el diablo y sus ángeles, si no se ha arrepentido y no ha llegado a enmendarse. ¡Amen, amen!

 

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo y Nuncio apostólico

 

24 de junio de 2023
En la natividad de San Juan Bautista